A partir de enero de 2026, los habitantes de Quito comenzarán a pagar la tasa de recolección de basura a través de la planilla de agua potable, un cambio estructural aprobado por el Concejo Metropolitano de Quito que busca garantizar la sostenibilidad del servicio, aplicar criterios de justicia social y promover un uso más responsable de los recursos.
La medida se adopta luego de que el Gobierno Nacional eliminara el cobro de este rubro en la factura de energía eléctrica, lo que obligó a los municipios a redefinir sus mecanismos de recaudación para no afectar la continuidad del servicio.
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¿Por qué cambia el cobro de la tasa de basura en Quito?
El cambio responde a la necesidad de mantener el financiamiento del servicio de recolección de residuos sólidos, sin trasladar incrementos a la ciudadanía. Hasta octubre de 2025, la Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobraba junto con la planilla eléctrica, pero la suspensión de ese esquema dejó un vacío financiero que debía resolverse de manera técnica y socialmente responsable.
El Municipio analizó distintas alternativas y concluyó que la factura del agua potable era el mecanismo más adecuado para sostener el servicio sin afectar a los usuarios.
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Por qué la tasa de basura se cobrará en la planilla de agua potable
La decisión se respalda en estudios técnicos que evidencian una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de residuos sólidos. Bajo este principio, se asume que un mayor consumo de agua implica una mayor producción de desechos.
Este modelo permite que el cobro sea más equitativo, proporcional al impacto real de cada usuario, ambientalmente responsable y transparente para la ciudadanía. Además, incentiva un uso más eficiente del agua, alineándose con políticas de sostenibilidad ambiental.
Cómo se estructurará el nuevo cobro de la tasa de basura
El esquema aprobado establece tres categorías tarifarias claramente diferenciadas: residencial, comercial e industrial. En cada una, el valor de la tasa estará directamente vinculado al nivel de consumo de agua, evitando cobros uniformes que no reflejen la realidad de cada tipo de usuario.
Quiénes se beneficiarán con el nuevo sistema
De acuerdo con las estimaciones municipales, seis de cada diez usuarios pagarán el mismo valor o incluso menos que antes. El 59 % de los usuarios verá un valor igual o inferior al que se cobraba en la planilla de luz y no se aplicarán aumentos generalizados en la tarifa.
Estos datos refuerzan el enfoque de justicia social que sustenta la ordenanza.
Justicia social y sostenibilidad financiera
La reforma forma parte de un modelo integral que busca garantizar la continuidad del servicio de gestión de residuos sólidos, corrigiendo inequidades históricas en el sistema de cobro.
La iniciativa fue impulsada por el alcalde Pabel Muñoz, quien ha señalado que el nuevo esquema combina sostenibilidad financiera, corresponsabilidad ciudadana y criterios de equidad. El objetivo es que quienes generan más residuos, en función de su consumo, aporten de manera proporcional al sistema.
Cuándo entra en vigencia el nuevo cobro
El cronograma definido por el Municipio establece que la ordenanza entrará en vigencia en enero de 2026, el cobro regular de la TRB se normalizará a partir de febrero de 2026 y los valores correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 serán asumidos por el Municipio.
Este proceso permitirá una transición ordenada y sin impactos abruptos para los usuarios.
Impacto ambiental del nuevo modelo
Además del componente financiero, el nuevo sistema tiene un claro enfoque ambiental. Al relacionar la tarifa con el consumo de agua, se fomenta la reducción en la generación de residuos, el uso consciente de los servicios básicos y una mayor responsabilidad ciudadana frente al impacto ambiental.
Este modelo acerca a Quito a estándares internacionales de gestión sostenible de residuos urbanos.
Como se pagará la planilla de agua
El traslado del cobro de la tasa de basura a la planilla de agua potable representa un cambio estructural en la gestión de servicios municipales en Quito. No se trata de un aumento, sino de una reorganización del sistema de cobro basada en criterios técnicos, ambientales y sociales.
Para la mayoría de los ciudadanos, el impacto será neutral o positivo, mientras que el Municipio asegura la continuidad de un servicio esencial para la ciudad.
